La “ley antipiratería” francesa podría abrir la veda una cruzada internacional contra el P2P

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Desde que se dio a conocer el proyecto de Ley de Creación e Internet (conocida como Ley HADOPI por las iniciales de la autoridad gubernamental que se encargará de controlar el cumplimiento de dicha directiva), estalló la polémica: para los defensores del copyright y de las leyes que favorecen la propiedad intelectual, esta es una buena disposición para sancionar a aquellas personas que descargan ilegalmente contenidos de la Red de redes sin abonar los correspondientes derechos de autor, y una forma de evitar una sangría económica para aquellas personas o entidades que generan contenidos. Para los defensores de la cultura libre, en cambio, supone una derrota y la sombra de la censura que cae sobre una herramienta (el P2P) que no es ilegal por si misma sino por el uso que se le puede dar, además que así se refuerza la postura del bando contrincante, el que aboga por reforzar el estatus actual de las leyes y condiciones de copyright y propiedad intelectual.

Inicialmente, el proyecto de ley francés fue tumbado en la Asamblea Nacional a principios de abril, pero el gobierno siguió insistiendo y pidió una reconsideración, consiguiéndola a principios de este mes por el órgano ejecutivo que anteriormente la había descartado. Sólo veinticuatro horas después, el senado galo le daba el visto bueno, con lo que la ley tenía luz verde. Se prevé que, entre otras sanciones, un internauta que descargue contenidos protegidos por copyright desde sistemas P2P pueda ser multado con la suspensión de su conexión a Internet, cuyo importe deberá seguir abonando al ISP que haya contratado. Previamente, el usuario habrá recibido una serie de avisos informándole del delito que está cometiendo e instándole a dejar de hacerlo.

Este corte de la conexión se realizará vía administrativa, sin tener que conseguir una orden judicial, lo que abre muchas puertas a las acciones arbitrarias y erróneas fruto del desconocimiento en materia tecnológica que puedan tener los funcionarios encargados de llevar este tema. Imaginemos que un internauta descarga una distribución de GNU/Linux utilizando para ello un cliente BitTorrent (sistema de descarga P2P). Examinando solamente los datos de su conexión, veríamos que utiliza protocolos P2P, que una persona no conocedora del tema podría identificar rápidamente con la piratería de contenidos audiovisuales, ordenando el corte en la conexión de una persona inocente. La criminalización de todo lo que sea P2P (para uso legítimo o ilegítimo) puede estar a la vuelta de la esquina.

No son pocas las críticas que se han abocado sobre esta ley desde varios sectores. En primer lugar porque viola el acta de secreto en las comunicaciones de la Unión Europea, y también porque va en contra de una cultura libre y accesible a todo el mundo por igual. Nada diferente de lo que en otros países y con situaciones diferentes pero paralelas está sucediendo.

La regulación aprobada en Francia choca, al menos en un punto, con la aprobada por la Unión Europea, en la que se establece que cualquier corte en la conexión a Internet debe ir precedido de una decisión judicial. Miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea así como de los órganos reguladores del viejo continente ya se han mostrado disconformes con la ley gala, y es previsible que empiece una batalla para fortalecer la ley comunitaria frente a las regulaciones estatales, una opción frente a la cual algunos estados miembro van a seguir el ejemplo francés para forzar a Europa a una situación de hechos consumados y, por lo tanto, a aceptar las regulaciones tipo HADOPI.

Como fondo de todo, nos encontramos con una lucha de ideas, social y también -no podemos negarlo- económica; el establishment dirigente en el sector del ocio audiovisual (léase discográficas, productoras, distribuidoras, algunos artistas que disfrutan de grandes beneficios gracias al modelo de gestión de derechos imperante) se enfrenta a los activistas en pro de una cultura libre y al público en general, aunque en este último caso en buena parte la liberación de los contenidos culturales es más bien una excusa para descargar música y películas de forma gratuita, más que no entendiendo las motivaciones socio-políticas que mueven esta contienda.

Uno de los datos esgrimidos por ambos bandos son las ventas e ingresos tanto de discos como de entradas de cine. Unos dicen que van a la baja debido a la piratería, mientras que los otros aducen que la industria está estancada en un modelo caduco y que hay que tomar como ejemplo a iniciativas como la iTunes Store, que permite la adquisición de contenidos individuales, no obligando al usuario a comprar todo el disco entero si no le interesa.

Sin lugar a dudas, un tema que lejos de encontrar su final con una solución, va a dar aún mucha guerra y que, probablemente, no se acabe de solucionar nunca del todo.

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