Europa estudia un cambio de modelo económico para Internet
Portales y buscadores pagarían parte de la factura de la banda ancha según el plan presentado por el gobierno español a las autoridades europeas, e incluido en la llamada “estrategia de Granada”. Las primeras críticas no se han hecho esperar, acusando la propuesta de buscar acabar con la neutralidad de la Red.
Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – El debate sobre la contribución que ciertos proveedores de servicios online realizan (o, más bien, no realizan) a la infraestructura de Internet no ha hecho más que empezar. La semana pasada nos hacíamos eco de las declaraciones del presidente de Telefónica, César Alierta, y del CEO de Vodafone, Vittorio Colao, sobre que empresas prestadoras de servicios online en posición de dominio en el mercado deberían pagar una parte de la factura de las comunicaciones de banda ancha e Internet móvil. Una frase que, sin mencionarla, se dirigía a Google, que actualmente tiene diversos servicios en línea de gran éxito, especialmente en el mercado español.
Estas reflexiones en voz alta parecen haber sido escuchadas y recogidas por el gobierno español. En el borrador de las propuestas que España presentará al Parlamento Europeo con motivo de la presidencia semestral que ocupa, y que publica el sitio web La Quadrature du Net dedicado a las libertades digitales, se deja a entender que las operadoras de telecomunicaciones que poseen las redes de acceso y conexión a Internet, podrán cobrar a los proveedores de servicios que utilicen una gran parte de su ancho de banda.
Por el momento, el documento dado a conocer solamente pretende fomentar el debate para establecer las prioridades, que en una segunda fase deben plasmarse en iniciativas concretas.
Vulnerando la neutralidad de la Red
El llamado “Principio de neutralidad de la Red” garantiza que, independientemente del proveedor de acceso que se utilice para conectarse a Internet, los sitios web y servicios que cualquier internauta podrá utilizar serán los mismos, sin priorizar unos sobre otros. La principal acusación que se ha vertido sobre la propuesta española es la de violar este principio de neutralidad.
Porque ¿qué pasa si un determinado proveedor de servicio y una operadora no se ponen de acuerdo sobre lo que tiene que pagar el primero a la segunda o, ni siquiera, si tiene que pagar algo? ¿podría tomar alguna medida en su contra la operadora? Evidentemente, si se autoriza a las operadoras a cobrar a los proveedores de servicios, es obvio que se van a autorizar medidas a tomar en caso de que estos últimos no quieran pagar. Estas medidas pasarían probablemente por reducir el ancho de banda disponible para el proveedor concreto del servicio que se negara a negociar un pago, lo que a su vez serviría como excusa a los órganos gubernamentales para justificar que no se está violando la neutralidad de la Red (“al fin y al cabo, se puede acceder al servicio, más despacio pero se accede” podrían afirmar), pese a que continuaría constituyendo una flagrante violación de la susodicha neutralidad.
El alto coste de las infraestructuras como excusa y la VoIP como posible objetivo secundario
Las infraestructuras de red, especialmente las relacionadas con la telefonía móvil, tienen una vida operativa cada vez más corta, lo que implica cambios en menor tiempo y amortizando menos dichas infraestructuras. Pocos años después de tener la red 3G completamente extendida, nos encontramos a las puertas de la 4G, lo que exigirá un nuevo cambio de antenas (por ejemplo, hacia las LTE).
Las operadoras, empresas que al fin y al cabo buscan su máxima rentabilidad ingresando más con un menor gasto, no están dispuestas a sufragar completamente la evolución de estas redes de comunicaciones, con lo que buscan soluciones para amortizar las nuevas infraestructuras en el menor tiempo posible, y su idea -toda vez que no pueden aumentar sustancialmente los precios que cobran a los usuarios sin provocar un gran escándalo- es ir a cobrarse una parte de este monto a las empresas que se lucran con Internet.
Además, nos encontramos con que las nuevas infraestructuras traerán aparejada la posibilidad de utilizar servicios de VoIP gracias al mayor ancho de banda disponible, lo que a medio/largo plazo sí podría suponer una merma económica nada despreciable para las operadoras, por lo que probablemente esta iniciativa tenga visos más de futuro a medio/largo plazo que de presente, aunque a buen seguro también será aprovechada de forma inmediata si se acaba aprobando algo similar por parte de las autoridades reguladoras europeas.
En este escenario, operadoras como Telefónica o Vodafone podrían cobrar una parte de los beneficios de empresas como Skype por las llamadas que estas permiten realizar, forzando a una subida de precios de estas o a una bajada de sus beneficios (algo inaceptable para accionistas y propietarios), lo que sin lugar a dudas no haría a estos productos tan atractivos para el usuario final, al menos en el momento de realizar llamadas de VoIP a dispositivos como teléfonos fijos o móviles.
Y en el caso de las llamadas IP de Skype a Skype (o mediante el programa que fuese) tendríamos que ver si las operadoras no cargarían también a los prestadores del servicio, con lo que estos también deberían cargar algún importe a los usuarios, a fin de cuentas quienes estamos pagando todas las facturas.
Por el momento parece que no ha habido reacción oficial por parte de Google, Skype o alguna otra empresa que pueda verse afectada si se llega a aprobar alguna de las medidas propuestas por el ejecutivo español al Parlamento Europeo.
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